Gobierno mexicano reconoce ante la ONU desafíos en materia de derechos humanos

Ciudad de México. - El Estado mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en una sesión en la que respondió a las recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) mecanismo que examinó por cuarta ocasión la situación de los derechos humanos en el país y el nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

México recibió 318 recomendaciones por parte de 115 países, que se traducen en un balance de los avances, pero también de los grandes pendientes. Se destacaron logros en materia social, se evidenció la persistencia de una crisis de derechos humanos, llamando a las autoridades mexicanas a tomar acciones para abordarla.

Entre las recomendaciones aceptadas el Estado debe reconocer desafíos en temas como la violencia contra mujeres y niñas; desapariciones forzadas; migración y desplazamiento forzado interno; la igualdad de género; independencia judicial; tortura; combate a la impunidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; o empresas y derechos humanos; así como para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; personas LGBTIQ+; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; personas periodistas y defensoras de derechos humanos; entre otros, la posición de México dejó de lado algunas de las cuestiones más apremiantes en el contexto actual.

Sin embrago, lamentaron que las recomendaciones sobre las cuales el Estado tomó nota, sin aceptarlas, abordan temas torales en materia de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno que se encuentran en la agenda actual de discusión pública.

Entre estas, destacan las referentes a la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes; la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad; y cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública, como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos civiles externos para la rendición de cuentas de los agentes militares en este contexto y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas de orden.

La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus obligaciones internacionales en derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad internacional expresada en las mismas, así como con el diagnóstico que realizamos desde la sociedad civil.

Frente a los desafíos para abordar la crítica situación de derechos humanos en el país, desde el Colectivo EPUmx hicieron un llamado al Estado mexicano, y en particular, a la próxima administración, a considerar seriamente las recomendaciones de las que ha tomado nota en la medida que abordan temas cruciales para abordar la situación que vive el país y asumir las recomendaciones aceptadas como una guía para la adopción de políticas y programas concretos.

Asimismo, instaron a que en la implementación de estos compromisos internacionales se tome en cuenta la participación de sectores amplios, incluyendo la sociedad civil y colectivos de víctimas y sus familias.