Cámara de Diputados realiza Tercer Foro sobre las reformas constitucionales del Poder Judicial

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados realizó el Tercer Foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que se llevó a cabo en Toluca, en donde magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y trabajadores del Poder Judicial, así como de gobiernos locales, y abogados, externaron sus posturas en los temas: Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial.

El magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, Juan Pablo Gómez Fierro, destacó que cuando se habla de mejorar al Poder Judicial de la Federación, no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran, sino poner en el centro de la reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos, ya que México necesita una justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial.

Indicó que esa función trascendente puede ser llevada a cabo o no si no se cuenta con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Por ello, dijo, el ejercicio de recursos debe tener como objetivo principal hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que le son encomendados.

La austeridad, precisó, puede adecuarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, así como la legitimidad e independencia judicial; cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolle el Poder Judicial, como también garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este Poder debería contar con autonomía presupuestaria; sin embargo, es la Cámara de Diputados quien destina los recursos que dispondrá por año y fue solo en 2013 cuando se respetó la solicitud presupuestal. Resaltó que quienes ahí laboran se destacan por su eficiencia, eficacia, honorabilidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Advirtió que afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, pues también limitaría el acceso a la justicia a ciento de miles de mexicanos, lo que retarda la solución de los asuntos, se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y “se convierte en una esclavitud velada”. Solicitó garantizar una remuneración adecuada por el trabajo, pues si se quiere llevar a buen puerto la reforma, es primordial destrabar la contención salarial de secretarios y actuarios.

El presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, Ricardo Garduño Pasten, aclaró que, aunque existe un reclamo por la tardanza y falta de efectividad en la impartición de justicia, las y los juzgadores no crearon los tribunales ni distribuyen las cargas de trabajo; por ello, hacen lo que pueden junto con el personal que trabaja jornadas extenuantes, llegando a estar “ahogados de casos”. Sugirió una mayor inversión en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos.

Lamentó que quienes integran la carrera judicial sean los de “talacha nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado, juzgadores han sido privados de la vida de forma violenta, de ahí la necesidad de salvaguardar los fideicomisos relacionados a los derechos laborales”. Agregó que crear un Tribunal Especializado de Disciplina no generará inquietud si es imparcial y objetivo.

Jesús George Zamora, consejero jurídico del gobierno del Estado de México, sostuvo que la eliminación de fideicomisos propuesta en la iniciativa promueve una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos alineándose con los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política, y la iniciativa incluye disposiciones transitorias para salvaguardar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial.

Señaló que los ministros, magistrados y jueces federales deben actuar con verdadera prudencia judicial, tanto al emitir sus resoluciones como en el ejercicio de los recursos públicos. “No pueden darse el lujo de seguir remando a contracorriente de la sociedad; afortunadamente, los buenos jueces, aquellos que hacen uso de la verdadera prudencia judicial, son la mayoría, esos jueces y juezas son los que harán que el Poder Judicial en el país prospere”.