Comisiones del Senado aprueban Ley Nacional de Extinción de Dominio
Ciudad de México.- Las Comisiones Unidad de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República avalaron - en reunión privada - la Ley Nacional de Extinción de Dominio, teniendo un voto unánime en lo general. Se remitió a la Mesa Directiva para su discusión ante Pleno el 01 de julio.
En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal Ávila, e integrantes de las mencionadas comisiones, informaron del desahogo del proyecto.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, exaltó que han sido meses de trabajo importantes, para avanzar en el dictamen, en cuyo proyecto se tomaron en cuenta todas las propuestas de las distintas fuerzas políticas.
Detalló que con lo avalado, se logrará inhibir a la delincuencia organizada y a aquellos grupos que han amasado fortunas de manera ilegítima.
El senador Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que se plantea una herramienta ágil y útil para combatir varios tipos de crímenes que están ocurriendo en todo el país.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció la apertura política para poder discutir los consensos de esta ley.
Resaltó que entre las propuestas que se incluyeron, se encuentra la venta anticipada, la cual bajará los gastos del gobierno federal de administración de dichos bienes.
Precisó que dichos recursos servirán para resarcir el daño de a quienes se perjudique, así como entablar un combate efectivo al huachicol.
El proyecto establece los mecanismos para que las autoridades designadas administren y dispongan el uso de los bienes sujetos al procedimiento de extinción de dominio, así como los criterios del destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto por sentencia judicial, y en su caso la destrucción de los mismos.
Se precisa que de los bienes, recursos económicos o dinero en efectivo, que se incaute, el 10 por ciento se destinará un fondo para reparar el daño, en caso de que por sentencia, el juez absuelva al inculpado y demuestre su inocencia, pues de plantea la obligación del Estado de restituir lo asegurado en bienes y avalúos actualizados.
Uno de los temas que se plantea en el dictamen, pero aún tiene reservas por parte de la oposición, es lo relativo al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual tendrá la facultad de encomendar la enajenación de los Bienes a las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a las autoridades estatales o municipales, o a personas, empresas o instituciones especializadas u organismos internacionales, en la promoción y venta de los mismos.