Agresiones a periodistas refleja falta de compromiso de fiscalías federales y estatales: CNDH
Ciudad de México. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, al presentar el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales en materia de agravios a periodistas, que contiene propuestas tendentes a revertir ese fenómeno, señaló que la impunidad imperante en materia de procuración de justicia en casos de agresiones a periodistas, es reflejo de la falta de compromiso de las fiscalías federal y estatales, así como de autoridades municipales, que muestran desdén respecto de las respuestas que deben dar a las Recomendaciones Generales.
En ese sentido, exhortó a las autoridades a atender las Recomendaciones de la CNDH; mostrar voluntad política en el respeto a la libertad de expresión y comprometerse para impedir las agresiones a comunicadores, pues el Estado debe cumplir su función de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Solicitó a los informadores conocer sus derechos y las instancias que existen para su defensa y protección, porque el acceso a la verdad y la justicia es garantía de no repetición de los agravios.
González Pérez enfatizó que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, enfrentan distintos retos, como problemas presupuestales, lo que pone en riesgo la permanencia de las medidas de protección de cientos de periodistas y personas defensoras, a pesar de los compromisos asumidos por el Ejecutivo federal.
El Estudio muestra que las dependencias del Gobierno federal y de los estados responden con más diligencia que los gobiernos municipales, además de un análisis de las situaciones que enfrentan los periodistas, así como las acciones tomadas y toleradas por las instituciones que mantienen las agresiones en su contra, ya que el 99.6% de las agresiones a comunicadores se mantiene en la impunidad, es así, que no se puede hablar de protección si no hay un combate a la impunidad, que refleja la indolencia del Estado al no reconocer la violencia a la que se encuentran expuestos los periodistas como un problema de Estado, lo que significa un atentado a la democracia en el país.
